Además del petróleo, la guerra ha expuesto la vulnerabilidad extrema de las plantas desalinizadoras del Golfo, que proveen hasta 90% del agua potable en Kuwait, 86% en Omán y cerca de 70% en Arabia Saudita, y están al alcance de misiles y drones iraníes.
Ataques y daños en instalaciones de desalinización en Bahréin, Emiratos y la isla iraní de Qeshm han obligado a reducir producción y han causado cortes de agua en decenas de localidades, evidenciando que un ataque sostenido podría obligar a evacuar grandes ciudades en cuestión de días.
Informes previos de la CIA y cables diplomáticos ya advertían que unas pocas decenas de plantas concentran más del 90% del agua desalada del Golfo y que su destrucción podría desencadenar crisis nacionales prolongadas, pese a algunas inversiones en redes redundantes y almacenamiento.
La desalinización es intensiva en energía y emite entre 500 y 850 millones de toneladas de CO₂ anuales, además de devolver salmueras concentradas al mar, dañando ecosistemas marinos, lo que complica su expansión como solución frente al cambio climático.
Para la reflexión de política exterior peruana, el caso ilustra cómo la “seguridad hídrica” y la protección de infraestructura crítica (agua–energía) se vuelven dimensiones estratégicas centrales, especialmente en regiones áridas y con fuerte dependencia tecnológica.
