Mientras la atención global se concentra en el Golfo, la Corte Suprema de Estados Unidos ha aceptado revisar el intento de la administración Trump de retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a cientos de miles de inmigrantes de países en crisis como Haití y Siria, un programa que permite vivir y trabajar legalmente a más de 1,3 millones de personas y que, de ser recortado, podría alterar flujos migratorios, remesas y mercados laborales tanto en Estados Unidos como en sus países de origen. Al mismo tiempo, Canadá ha logrado llevar su inflación general a 1,8%, por debajo de la meta del 2%, antes de que el shock petrolero la vuelva a empujar al alza, mostrando que algunos países sí habían recuperado cierto control de precios antes de esta nueva crisis, mientras en China los datos de enero-febrero muestran un inicio de año “estable”, que le da margen para impulsar una transición desde el crecimiento basado en deuda e inversión hacia un modelo más centrado en consumo, aunque persisten problemas estructurales como la burbuja inmobiliaria, la deuda local y las barreras internas al mercado. Estas decisiones y dinámicas —sobre migración, inflación, modelo de desarrollo y cambio climático— definirán en los próximos años el espacio fiscal, político y social de América Latina: un Estados Unidos más restrictivo en migración puede aumentar la presión sobre economías andinas, un Canadá y una Europa obligados a gastar más en energía y defensa tendrán menos margen para cooperación o inversión en la región, y una China que intenta reequilibrarse puede cambiar la naturaleza de su demanda por cobre, litio, alimentos o bienes culturales, obligando a países como Perú a diversificar mercados, sofisticar su oferta exportadora y reposicionarse diplomáticamente. Para el Perú, esto se traduce en la necesidad de una diplomacia económica más activa para proteger el estatus de sus migrantes y sus remesas, aprovechar espacios de cooperación verde y tecnológica con Canadá, Europa y Asia, y prepararse para un entorno en el que los socios exigirán cada vez más estándares ambientales, trazabilidad y respeto a derechos humanos en inversiones mineras, energéticas y de infraestructura, lo que implica que el Estado, las empresas y la sociedad civil deben ver medio ambiente y cultura no como un freno, sino como condición para seguir insertándose provechosamente en una economía global más tensa, más verde y más digital.
