La guerra de EE. UU. e Israel contra Irán entra en su tercera semana con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado por minas, drones y misiles iraníes, mientras Teherán proclama que controlará el paso y que la ruta “no se abrirá” a EE. UU., Israel y sus aliados, y Donald Trump exige públicamente que Europa, Japón, Australia y hasta China envíen buques de guerra para escoltar petroleros, presión que Alemania, Italia, España, Japón y Australia han rechazado por considerar que “no es nuestra guerra”. El resultado inmediato es un barril Brent rondando los 97–100 dólares, un salto de alrededor de 44% desde el inicio del conflicto, gasolina en EE. UU. en 3,69 dólares por galón (más de 70 centavos de aumento en tres semanas y por encima de 5 dólares en partes del oeste) y temores crecientes a una nueva ola inflacionaria global, mientras Washington intenta armar una coalición naval y, en paralelo, admite que algunos tanqueros iraníes, indios y chinos sigan transitando para evitar un colapso total del suministro. Ambientalmente, el cierre forzado de uno de los cuellos de botella energéticos más sensibles del planeta agrava el riesgo de derrames, accidentes y emisiones adicionales por desvíos enormes de rutas de carga, y empuja a varios países a reactivar fuentes fósiles y proyectos de hidrocarburos que chocan con sus metas climáticas. Para el Perú, este shock se traduce en combustibles y fertilizantes más caros que encarecen el transporte, la producción de alimentos y la construcción, presionan al alza la inflación y limitan el espacio del BCRP para recortar tasas, mientras un dólar fortalecido encarece la deuda externa y aumenta la volatilidad del tipo de cambio; al mismo tiempo, la combinación de petróleo caro, mayor percepción de riesgo y transición energética acelerada sostiene la demanda y precio del cobre y del oro, abriendo oportunidades para reforzar la balanza comercial y atraer inversión minera si el país acelera proyectos con licencia social y estándares ambientales sólidos, pero también riesgos de más conflictividad si el Estado no gestiona bien los impactos territoriales, culturales y ambientales de un nuevo superciclo de materias primas.
