La dimensión económica de la guerra va mucho más allá de la energía: la Cámara de Comercio Internacional advierte que el shock ya está obligando a grandes empresas a recortar producción por falta de gas, químicos y otros insumos, anticipando la “peor crisis industrial en vida memoria”, mientras el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denuncia que los ataques de Irán contra vecinos del Golfo y el cierre de Ormuz agravan una situación humanitaria crítica, con millones de desplazados en Irán y Líbano y un Programa Mundial de Alimentos al borde del colapso financiero. En Asia, países como Filipinas han declarado estado de emergencia energética con apenas 45 días de combustible disponible, Sri Lanka ha impuesto semanas laborales de cuatro días y reducción del 25% en consumo eléctrico, Pakistán, Laos, Vietnam, Tailandia e Indonesia reactivan modalidades de teletrabajo “estilo COVID” para ahorrar gasolina, y Vietnam ha tenido que duplicar el precio del diésel respecto a febrero antes de anunciar recortes fiscales para contener el golpe.
En África, aerolíneas como Kenya Airways están aprovechando la caída de hubs del Golfo para convertirse en nodos alternativos de pasajeros y carga, pero analistas y ONG alertan de que la combinación de fertilizantes caros, disrupción logística y caída de ayuda humanitaria puede traducirse en menores rendimientos agrícolas y mayor inseguridad alimentaria en los próximos ciclos de cosecha, especialmente en África y Asia del Sur. Paralelamente, el Pentágono ha pasado a “modo economía de guerra”, firmando acuerdos con BAE Systems, Lockheed Martin y Honeywell para multiplicar producción de misiles, sistemas THAAD y municiones, mientras analistas como Nicholas Kristof recuerdan que cada minuto de guerra cuesta 1,3 millones de dólares que podrían financiar educación, salud o nutrición infantil, y que el conflicto podría terminar costando al contribuyente estadounidense más de un billón de dólares cuando se sumen pensiones y atención a veteranos. Esta reasignación masiva de recursos hacia gasto militar coincide con una ciudadanía fatigada por inflación y crisis previas: encuestas en EEUU muestran que alrededor del 60% considera “excesiva” la acción militar en Irán y teme sobre todo el impacto en los precios de la gasolina, mientras en Reino Unido los hogares ya anticipan recortes en consumo y las empresas alertan de costes energéticos inasumibles sin apoyo público.
Proyección para el Perú: una “crisis industrial” global reduce el apetito de riesgo y puede encarecer el financiamiento para Estados y empresas de mercados emergentes, lo que obliga al MEF a mantener una trayectoria fiscal prudente y alinear emisiones de bonos soberanos con ventanas de mercado favorables; al mismo tiempo, una desaceleración industrial en Europa y Asia podría moderar temporalmente la demanda de metales, pero el impulso estructural de la transición energética y la relocalización de cadenas de suministro mantiene un piso relativamente alto para el cobre en el mediano plazo. Para las familias peruanas, un entorno global inflacionario por energía y alimentos significa presión sobre el costo de vida, por lo que será clave coordinar políticas de apoyo focalizado (subsidios temporales a combustibles de transporte público, programas alimentarios, compras estatales a agricultura familiar) sin erosionar la disciplina macro que hace del Perú un “refugio relativo” dentro de la región; para las empresas, la prioridad deberá ser reforzar resiliencia de cadenas de suministro, diversificar mercados y usar instrumentos de cobertura cambiaria y de commodities frente a una volatilidad prolongada.
