A diferencia de lo ocurrido tras el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando decenas de miles de residentes fueron evacuados de las comunidades cercanas a la frontera con Líbano, las autoridades israelíes han optado ahora por una política distinta: mantener, en la medida de lo posible, a la población civil en sus hogares y trasladar la línea de defensa hacia el interior del territorio libanés. En poblaciones como Zarit o Shlomi, muy próximas a la frontera, los vecinos viven entre sirenas, explosiones lejanas y la constante presencia de tropas y vehículos militares, pero muchos se resisten a abandonar sus casas. En estos lugares, los testimonios recogen una mezcla de rutina y tensión: gallineros que siguen funcionando, comercios que abren con horarios reducidos, y a la vez refugios listos, mochilas de emergencia preparadas y miradas frecuentes al cielo en busca de drones o misiles.
La experiencia de los últimos años ha influido en esta decisión estratégica. El Estado israelí comprobó que las evacuaciones masivas, aunque salvan vidas, tienen un altísimo coste económico, social y psicológico, además de enviar una señal de vulnerabilidad que sus dirigentes prefieren evitar en esta nueva fase del conflicto. Al reforzar la frontera con más tropas, mejorar las defensas pasivas y mantener una presencia militar dentro del sur del Líbano, la intención declarada es “llevar la guerra lejos de las casas” de los ciudadanos israelíes, en lugar de vaciar estas comunidades para crear una franja de seguridad interna. Para muchos residentes, se trata de una apuesta arriesgada pero necesaria: confían en la capacidad del ejército para protegerles y, al mismo tiempo, temen que la situación pueda deteriorarse rápidamente si Hezbollah intensifica sus ataques o si la guerra con Irán se prolonga más de lo previsto.
