En Estados Unidos, el alza del precio de la gasolina derivada del conflicto con Irán está generando un fuerte malestar social y político, con encuestas que muestran que alrededor de dos tercios de la población espera aumentos adicionales y sólo un 29% aprueba la guerra. El precio promedio nacional de la gasolina ha subido desde aproximadamente 2.90 dólares hasta casi 3.50–3.60 dólares por galón en pocas semanas, impactando más a hogares de ingresos medios y bajos, muchos de los cuales dependen del vehículo privado para ir al trabajo. Votantes en estados como Iowa, Florida, Pennsylvania y Carolina del Norte expresan frustración porque perciben una contradicción entre las promesas de abaratar la energía y la realidad de un nuevo conflicto que encarece el combustible. Al mismo tiempo, propietarios de vehículos eléctricos destacan que el encarecimiento del combustible refuerza la lógica económica de su elección, aunque las políticas federales recientes han reducido subsidios a la compra de autos eléctricos. La Casa Blanca estudia medidas como relajar temporalmente el Jones Act para permitir que navieras extranjeras transporten combustibles entre puertos estadounidenses, y liberar más crudo de la reserva estratégica para contener precios. El debate interno se polariza entre quienes culpan al Gobierno por lanzar una guerra que “inevitablemente” afectaría al petróleo, y quienes responsabilizan a las petroleras y refinadoras de “aprovechar la coyuntura” para aumentar márgenes.
La política energética estadounidense está atrapada entre el objetivo geopolítico de limitar a adversarios como Irán y Rusia, y la presión doméstica por mantener precios bajos de combustibles; esta tensión condiciona la duración y la intensidad del esfuerzo bélico. El malestar por la gasolina cara ha sido históricamente un factor determinante en elecciones estadounidenses, por lo que la sostenibilidad política de la guerra depende en buena parte de cómo evolucione el precio en los próximos meses.
Proyección para el Perú
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Economía peruana: decisiones estadounidenses sobre sanciones, liberación de reservas y regulación de exportaciones de crudo y derivados influirán directamente en la trayectoria de precios internacionales que paga el Perú.
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Comercio exterior: cambios en la política exportadora de productos refinados de EE. UU. pueden afectar la disponibilidad y el precio de combustibles importados por el Perú, especialmente diésel.
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Precio de commodities: si la presión política interna lleva a medidas agresivas para bajar precios del crudo (por ejemplo, relajar sanciones a Rusia o Venezuela), el petróleo podría corregir a la baja, con efectos mixtos para la canasta exportadora peruana.
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Política monetaria: menor volatilidad petrolera derivada de una respuesta eficaz de EE. UU. daría al BCRP un entorno más predecible para calibrar tasas; lo contrario complicaría la gestión de expectativas.
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Inversión extranjera: una eventual reorientación de capital estadounidense desde el sector shale al gasto militar o a otros sectores podría modificar flujos globales de inversión y apetito por riesgo emergente.
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Estabilidad financiera: una escalada política en EE. UU. por la economía de guerra podría generar episodios de volatilidad financiera que afecten spreads de deuda peruana.
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Política exterior económica: el Perú tendrá que balancear su alineamiento tradicional con EE. UU. con la necesidad de gestionar los costos internos de una guerra que encarece la energía y genera presiones sociales.
