La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que culminó con la muerte del ayatolá Ali Jamenei y una degradación masiva de infraestructuras militares y nucleares, ha desencadenado una respuesta iraní que mantiene de facto bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde fluye alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo, obligando a desviar rutas, a suspender embarques y a recortar producción en el Golfo. La Casa Blanca exige que quienes se benefician de Ormuz (China, Japón, Europa) envíen buques y caza‑minas para asegurar la navegación, mientras Donald Trump presiona a la OTAN y a sus aliados del G7 para construir una coalición que asuma parte del costo militar de mantener abierto el “choke point”, y al mismo tiempo invita a comprar petróleo ruso levantando sanciones, lo que en Europa se percibe como un golpe directo a Ucrania y al consenso occidental. La Unión Europea intenta marcar distancia: Italia, Alemania, España, Francia y el Reino Unido dejan claro que Aspides –la misión naval europea en el mar Rojo– no se extenderá a Ormuz, porque hacerlo significaría “entrar en la guerra”, y los ministros de Exteriores insisten en que la seguridad del estrecho debe lograrse vía diálogo EE. UU.–Irán, no mediante una escalada militar, mientras los mercados reaccionan con fuertes oscilaciones del crudo, repunte de la inflación esperada y nuevas dudas sobre el crecimiento global. Geopolíticamente, el bloqueo de Ormuz y la discusión sobre quién paga el costo de mantener abierto el flujo de energía reconfiguran relaciones entre EE. UU., Europa, China, India y los productores del Golfo, erosionan la credibilidad de la OTAN como paraguas automático y alimentan la narrativa de un orden internacional fragmentado donde cada bloque prioriza su propia seguridad energética. Para el Perú, este escenario implica combustible importado más caro (diésel, gasolinas, GLP), presiones inflacionarias que podrían erosionar el poder adquisitivo y forzar al BCRP a moverse con más cautela en cualquier recorte adicional de tasas, un tipo de cambio más volátil por la combinación de petróleo caro y episodios de aversión global al riesgo, pero también un soporte importante a los precios del cobre y el oro –por la mezcla de transición energética acelerada y búsqueda de refugio– que puede mejorar nuestra balanza comercial y la recaudación, a condición de que el país asegure estabilidad regulatoria y social para atraer inversión minera; las empresas peruanas intensivas en energía deberán gestionar mejor sus riesgos de costos y de tipo de cambio, mientras el Estado debería evaluar esquemas focalizados (no subsidios generalizados) para amortiguar el impacto del petróleo caro en transporte y alimentos, a la vez que acelera proyectos de gas y renovables para reducir nuestra vulnerabilidad a shocks externos.
