La respuesta europea al nuevo conflicto está marcada por una combinación de dependencia energética, fragmentación política y presión social: Alemania, con un canciller que insiste en que la guerra contra Irán “no es un asunto de la OTAN” y que Berlín no será arrastrada a operaciones militares en el estrecho, se niega a ampliar la misión Aspides y rechaza la idea –promovida desde Bruselas y Washington– de flexibilizar sanciones para comprar hidrocarburos rusos como vía de aliviar la crisis de precios, al considerar que eso alimentaría la maquinaria bélica de Putin en Ucrania. Italia, por su parte, intenta una posición de equilibrio: el canciller Tajani defiende reforzar la presencia naval europea en el mar Rojo pero traza una línea roja clara en Ormuz (“no podemos meternos en la guerra”), y la primera ministra Meloni suscribe la declaración del G7 contra una invasión terrestre israelí en Líbano, al tiempo que en el frente interno afronta críticas por el alza de combustibles y estudia, junto a su vicepremier Salvini, medidas como una tasa a los “extraprofittis” de petroleras para financiar alivios al consumidor. Francia, que inicialmente había evocado una misión internacional de defensa para Ormuz, ha frenado de momento cualquier compromiso que pudiera interpretarse como participación directa en la guerra, aunque envió buques al mar Arábigo y lidera la línea europea que pide simultáneamente firmeza frente a Irán y contención a Israel. Todo ello ocurre en un contexto de “sin precedentes” en Europa –como subrayan analistas italianos–: cierre de Ormuz, liberación de reservas estratégicas, carrera global de rearme y erosión acelerada del derecho internacional, lo que aumenta el riesgo de que el costo económico de la guerra se traduzca en descontento social, auge de extremismos políticos y dificultad para mantener un frente común frente a Rusia y ahora frente a Irán. Para el Perú, una Europa atrapada entre energía cara, tensiones internas y choques con Washington puede significar menor apetito inversor hacia el exterior y un crecimiento más débil de la demanda europea por materias primas, afectando nuestras exportaciones de minerales y alimentos; además, un eventual impuesto a “extraprofittis” energéticos o nuevas regulaciones podría modificar la estrategia de grandes petroleras y utilities europeas en América Latina, alterando planes de inversión en proyectos de gas, electricidad y renovables; al mismo tiempo, la búsqueda de diversificar suministro de fertilizantes, alimentos y metales críticos abre oportunidades para el Perú si puede posicionarse como proveedor confiable, mientras que los ciudadanos peruanos deben ser conscientes de que las decisiones tomadas en Bruselas, Berlín, París o Roma sobre sanciones, energía y gasto militar se traducen en inflación importada, en cambios de tipo de cambio y en movimientos de capital que impactan directamente en sus empleos, en sus créditos y en el costo de vida.
