La escalada bélica entre Estados Unidos, el régimen iraní y sus aliados ha llevado al cierre de facto del estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial y una porción clave del gas natural licuado, obligando a Kuwait, Arabia Saudita, Irak, Emiratos y Catar a recortar producción, activar cláusulas de fuerza mayor y buscar rutas alternativas vía oleoductos hacia el mar Rojo o el mar Arábigo, mientras el crudo tipo Brent ha superado los 100 dólares y expertos advierten que, si la crisis se prolonga, podría escalar hacia 130–180 dólares por barril, configurando el mayor shock de oferta desde los años 70. El bloqueo parcial ha desplomado el tránsito de buques por Hormuz —de unos 65 barcos diarios a apenas cinco—, ha paralizado exportaciones claves de Irak y Catar, ha obligado a cerrar terminales como Ras Laffan (gas de Catar) y ha desencadenado ataques con drones y misiles sobre infraestructura energética y logística en el Golfo, elevando primas de seguros, encareciendo el transporte marítimo y poniendo bajo presión a aerolíneas, cadenas logísticas y consumidores en todo el planeta. La Agencia Internacional de Energía ya prepara la liberación coordinada de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, más del doble de lo usado tras la invasión rusa de Ucrania, mientras Estados Unidos ofrece reaseguros públicos a buques y presiona a aliados europeos y asiáticos para participar en misiones navales que reabran la ruta, en un contexto donde los países del Golfo aportan el 21,8% de la producción mundial de crudo, el 26,6% de sus exportaciones y concentran un tercio de las reservas probadas de petróleo. El impacto geopolítico es profundo: Irán busca usar la energía como arma frente a Washington y sus socios, el mercado internaliza una prima de riesgo persistente, y las grandes potencias —EE. UU., China, la UE, India, Japón y Corea del Sur— se ven forzadas a repensar su seguridad energética y su nivel de exposición al Golfo. Para el Perú, un petróleo estructuralmente más caro implica combustibles, fletes y alimentos más caros, presión alcista sobre la inflación y un Banco Central más cauteloso para recortar tasas, pero, al mismo tiempo, supone un fuerte soporte para el cobre y el oro como activos estratégicos y refugio, lo que puede mejorar los términos de intercambio, la balanza comercial y la recaudación si el país logra acelerar y blindar la inversión minera; el tipo de cambio tendería a ser más volátil y sesgado al alza por un dólar fortalecido y episodios de aversión al riesgo, encareciendo importaciones pero mejorando los ingresos en soles de exportadores, por lo que empresas intensivas en energía y transporte deben reforzar coberturas de precios y de divisas, mientras el Estado peruano debería diseñar esquemas focalizados de alivio para transporte y hogares vulnerables, revisar su matriz energética (gas y renovables) y aprovechar el interés de inversionistas globales buscando jurisdicciones relativamente estables en minería y energía.
