En medio de la escalada en el Medio Oriente y la subida del crudo, el oro cerró la semana en torno a los 5 018 dólares la onza, tras una jornada de alta volatilidad en la que los inversionistas rotaron hacia el dólar y los bonos para ganar liquidez, pero mantuvieron una demanda robusta por el metal como seguro ante una combinación poco habitual de guerra abierta con Irán, riesgo de disrupciones energéticas y dudas sobre el ritmo de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. En Kuwait, el gramo de oro de 24 quilates se cotiza alrededor de 50 dinares (unos 153 dólares), reflejando el traslado local de la tensión internacional, mientras los analistas destacan el nivel de 5 000 dólares como un soporte psicológico clave: si se pierde, el precio podría corregir hacia promedios móviles alrededor de 4 925–4 840 dólares, pero si la guerra se prolonga, los ataques a infraestructura se intensifican y los bancos centrales siguen comprando oro, no se descarta que el metal intente nuevos máximos históricos. La coexistencia de un dólar fuerte, rendimientos de bonos al alza y oro caro indica que el mercado no solo teme inflación futura por energía, sino también escenarios de fragmentación geopolítica, sanciones financieras y búsqueda de activos que no dependan del sistema bancario occidental, un telón de fondo en el que muchos bancos centrales emergentes llevan años aumentando su exposición al metal. Para el Perú, segundo productor mundial de cobre y exportador relevante de oro, un oro en la zona de 5 000 dólares aumenta el valor de sus exportaciones auríferas, mejora la recaudación y refuerza los flujos de caja de minas existentes, pero también reabre el apetito global por proyectos nuevos y expansiones que requieren seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y gestión de conflictos socioambientales mucho más sofisticada; a nivel macro, un oro fuerte combinado con cobre alto puede compensar parte del shock de petróleo caro, sostener el superávit externo y dar espacio para que el país acumule reservas, pero a nivel micro obliga a empresas y Estado a gestionar con cuidado la “bonanza” para no repetir ciclos de sobrecalentamiento y conflictividad, y a los ciudadanos a entender que el beneficio llega vía empleo, gasto público y tipo de cambio, pero no de forma automática ni inmediata.
