Según el centro estadístico del Consejo de Cooperación del Golfo, las monarquías del Golfo produjeron en 2024 el 21,8% del crudo mundial, explicaron el 26,6% de las exportaciones globales de petróleo y concentran el 32,7% de las reservas probadas de crudo y el 21,2% de las reservas de gas natural, con un sector hidrocarburos que representa casi un tercio del PBI real de la región y más de 540 mil millones de dólares de valor agregado. El 20% del crudo global (unos 20 millones de barriles diarios) y grandes volúmenes de GNL cruzan a diario por Hormuz, y aunque existen oleoductos alternativos hacia el mar Rojo o el océano Índico, su capacidad no alcanza para compensar un cierre prolongado del estrecho, lo que obligaría a un uso masivo de reservas estratégicas (1,2 mil millones de barriles entre los países de la AIE) y podría disparar el barril a niveles de 140–180 dólares si se perdieran 10 millones de barriles diarios durante varias semanas. Este nivel de concentración hace que la crisis actual ya no sea solo un conflicto regional, sino un riesgo sistémico para la inflación global, las tasas de interés y el crecimiento, en un contexto en que la Reserva Federal y otros bancos centrales ven cómo el encarecimiento del petróleo complica las perspectivas de recortes de tasas, fortalece al dólar y encarece el financiamiento para economías emergentes, justo cuando muchos países aún no se recuperan plenamente del shock de precios de energía post‑Ucrania. Para el Perú, que importa combustibles y fertilizantes pero exporta cobre, oro y otros commodities, un Golfo estructuralmente más volátil significa vivir con petróleo más caro, una inflación más sensible a shocks externos y un tipo de cambio más proclive a episodios de estrés, pero también un entorno en el que los metales estratégicos —cobre para la transición energética, oro como refugio— pueden consolidarse en precios altos por años; esto obliga al BCRP y al MEF a diseñar escenarios de estrés de tipo de cambio, reservas y deuda en dólares, a las empresas a sofisticar sus coberturas financieras y de precios, y al Estado a acelerar reformas que destraben inversión en minería, energía y logística para transformar la “renta de oportunidad” en proyectos concretos y empleo, en lugar de quedarse solo con la volatilidad.
