Los ataques con drones y misiles contra Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos y Bahréin han pasado de ser “eventos aislados” a un patrón sistemático: en Kuwait, varios drones impactaron el radar del aeropuerto internacional, dos aparatos golpearon la base aérea Ahmad Al‑Jaber y las defensas interceptaron hasta siete drones en 24 horas, mientras el ejército activó planes de emergencia, el Gobierno reforzó la seguridad en infraestructuras críticas y Arabia Saudita abrió sus 44 carriles fronterizos terrestres para garantizar la entrada de bienes esenciales y evitar desabastecimientos. En paralelo, refinerías y terminales como Sitra (Baréin) y facilidades en Fujairah (EAU) han sido alcanzadas o forzadas a detener operaciones por riesgo de nuevos ataques, lo que no solo afecta exportaciones de crudo y derivados, sino que altera mercados de jet fuel, diésel y GLP, encarece los seguros marítimos y acelera discusiones sobre redes alternativas de oleoductos y sobre la militarización de la protección de rutas energéticas y comerciales. Este frente bélico-tecnológico —donde drones relativamente baratos dañan activos de miles de millones de dólares— evidencia la vulnerabilidad de los hubs logísticos del Golfo y obliga a los países de la región a invertir en defensa antiaérea, ciberseguridad y continuidad operativa, al tiempo que la Unión Europea, Estados Unidos y Asia se ven directamente afectados por el encarecimiento del jet fuel, el potencial aumento de tarifas aéreas y la presión sobre cadenas globales de suministro. Para el Perú, la combinación de ataques a infraestructura energética del Golfo y el cierre de Hormuz se traduce en combustibles, fertilizantes y fletes más caros, lo que presiona los costos de sectores como agroexportación, pesca industrial, construcción y transporte, y eleva el riesgo de choques inflacionarios importados; sin embargo, también refuerza el atractivo del Perú como proveedor relativamente distante de los focos geopolíticos y con grandes reservas de cobre, oro y gas, por lo que es clave que las autoridades refuercen la seguridad jurídica de proyectos extractivos, aceleren mejoras en puertos y corredores logísticos para capturar parte del comercio que busca diversificar rutas, y que las empresas locales adopten planes de contingencia de suministros, seguros y ciberseguridad para operar en un entorno de disrupciones crecientes.
