La combinación de ataques estadounidenses contra la isla petrolera iraní de Kharg, amenazas de Teherán de llevar el crudo a 200 dólares y el cierre de facto del estrecho de Ormuz ha colocado a los mercados de energía en su semana más volátil desde 1988, con el Brent moviéndose intradía más de 30 dólares y el crudo de Omán ya en torno a 147,8 dólares por barril, mientras la Agencia Internacional de Energía prepara la liberación coordinada de más de 400 millones de barriles de reservas de emergencia para tratar de contener el shock de oferta. El ataque a Kharg —principal hub de exportación iraní— y el uso masivo de drones contra infraestructuras críticas en Fujairah, Ras Tanura, Ruwais y terminales del Golfo han paralizado o interrumpido rutas que normalmente canalizan cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado mundial, obligando a productores como Arabia Saudita, Irak, Emiratos y Qatar a desviar flujos, suspender cargamentos y activar oleoductos alternativos hacia el mar Rojo y el océano Índico. Esta guerra energética coincide con una oleada de ataques contra buques civiles en el Golfo, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán —con tanqueros, graneleros y porta contenedores alcanzados por misiles y drones— y con una Europa que debate con urgencia cómo amortiguar el golpe en precios sin relanzar su dependencia del gas ruso, mientras Estados Unidos presiona a sus aliados para que escolten petroleros y asuman parte del costo político y militar de reabrir la ruta. Desde Lima, este escenario significa gasolina, diésel y GLP más caros, mayor costo de fertilizantes y fletes, presiones inflacionarias que pueden complicar el margen del BCRP para seguir recortando tasas, un dólar más fuerte y volátil que encarece la deuda en moneda extranjera, pero también precios del cobre y del oro potencialmente elevados durante un periodo prolongado, lo que abre una ventana para reforzar balanza comercial, recaudación y reservas si el país logra acelerar proyectos mineros, mantener estabilidad regulatoria y usar parte de la “renta extraordinaria” para mitigar el impacto en transporte, alimentos y pymes; las empresas peruanas deberán reforzar coberturas de tipo de cambio y de commodities, revisar contratos de transporte y logística, y planificar escenarios de petróleo a 120–150 dólares, mientras el Estado debería preparar medidas focalizadas y no generalizadas para proteger a los más vulnerables, y aprovechar el discurso de “seguridad energética y de materias primas” para atraer IED hacia minería, puertos y gas.
