La reciente deflagración en el ducto de líquidos de gas natural de Camisea, en la selva de Cusco, ha abierto una de las crisis energéticas más delicadas de los últimos años para el Perú, justo cuando el escenario internacional se vuelve más hostil por la guerra en Medio Oriente. El incidente paralizó el transporte de aproximadamente 80 mil barriles diarios de líquidos de gas natural hacia la planta de fraccionamiento de Pisco, de donde se obtenían alrededor de 42 mil barriles diarios de GLP que abastecen a millones de hogares y al transporte. Según el economista Jorge Manco Zaconetti, cerca del 70% del GLP que consume el país proviene de Camisea, y ese 70% está actualmente cortado, lo que ha llevado a Pluspetrol a suspender ventas de GLP a granel y en balones de 10 kilos, mientras las plantas envasadoras ya reportan racionamiento y largas esperas para cargar. La situación se agrava porque el corte se produce en un contexto de precios internacionales del petróleo al alza, con el Brent superando los 82–85 dólares por barril debido a la escalada bélica entre EE. UU., Israel e Irán en el Golfo Pérsico, lo que eleva el costo de importación de combustibles justo cuando el país necesita recurrir más a las compras externas.
En el frente doméstico, más de 8 millones de hogares que dependen del balón de gas –especialmente en provincias donde no llega el gas natural por red– enfrentan la perspectiva de incrementos significativos de precios, que ya bordean los 55–60 soles por balón en la cadena comercial de Lima y podrían subir más en mercados alejados. Las plantas envasadoras reportan que una cisterna que antes se atendía en 14 horas ahora puede demorar de 2 a 3 días en completar el ciclo de carga y descarga, lo que rompe la logística de abastecimiento y aumenta los costos operativos. Aunque existen reservas obligatorias para unos 15 días, la reposición dependerá crecientemente de importaciones, sujetas a un mercado internacional tensionado donde cualquier noticia sobre la guerra en Medio Oriente genera especulación y volatilidad.
El impacto no se limita a los hogares: el 40% de la electricidad del país se genera con gas natural, y la reducción drástica del transporte –de un consumo esperado de 673 millones de pies cúbicos diarios a apenas 70 millones– ha obligado a activar centrales de reserva fría que operan con diésel, un combustible notablemente más caro y más contaminante. Esto encarece el costo marginal de generación eléctrica, presiona las tarifas empresariales y afecta especialmente a los llamados “clientes libres”, es decir, grandes industrias con contratos indexados a precios de corto plazo. Para el transporte, especialistas calculan que un taxista que recorría 140 kilómetros diarios con 20 soles en GNV podría tener que gastar alrededor de 70 soles si se ve obligado a usar gasolina, lo que golpea sus márgenes y puede trasladarse a tarifas.
Desde una perspectiva estratégica, la simultaneidad de un choque interno (la falla de Camisea) y un choque externo (la guerra en el Golfo que encarece petróleo y GNL) evidencia la vulnerabilidad de la seguridad energética peruana. El país depende críticamente de un solo yacimiento para su GLP doméstico y, al mismo tiempo, de importaciones expuestas a rutas marítimas potencialmente afectadas por tensiones en el estrecho de Ormuz. Para la política económica y la diplomacia energética peruana, el episodio obliga a replantear el diseño de reservas estratégicas, la diversificación de proveedores y rutas de importación, así como la participación más activa en foros internacionales donde se discuten seguridad de suministros, corredores marítimos protegidos y mecanismos de estabilización de precios energéticos.
