La región del Golfo vive una transformación violenta tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989, en el marco de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que ha golpeado el corazón político y militar de la República Islámica. Los bombardeos, que han destruido instalaciones del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, centros de mando de la Guardia Revolucionaria, sistemas de defensa aérea y bases militares, fueron justificados desde Washington como una operación destinada a eliminar la capacidad misilística y naval iraní, aunque en la práctica han abierto un escenario de guerra regional sin un final claro.
Irán ha respondido con un abanico de ataques de misiles y drones contra bases estadounidenses en países del Golfo, infraestructura energética y símbolos del poder económico, incluyendo la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, instalaciones de gas en Qatar, refinerías en Arabia Saudita y aeropuertos como el de Dubái, obligando a evacuar pasajeros y paralizar parte del tráfico aéreo. Los combates se han extendido a Iraq, Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, mientras el estrecho de Ormuz –punto de paso de alrededor de una quinta parte del petróleo mundial– ve prácticamente detenido su tráfico por amenazas iraníes de atacar cualquier buque que intente atravesarlo.
Esta conflagración ha tenido un impacto inmediato en los mercados energéticos: el precio del Brent ha subido con fuerza, superando los 80–85 dólares por barril, y analistas advierten que en un escenario extremo de bloqueo prolongado y mayores daños a la infraestructura, las cotizaciones podrían escalar incluso hacia niveles de 120–150 dólares, como ha estimado un banco de inversión. El gas natural licuado (GNL) también se ha visto afectado, con Qatar –el mayor exportador mundial– suspendiendo producción y exportaciones clave ante el riesgo físico sobre sus plantas y rutas de salida.
Para el Perú, país que importa combustibles y derivados a pesar de ser exportador de algunos líquidos, este shock petrolero tiene varias implicancias. En el corto plazo, presiona los precios internos de combustibles (diésel, gasolinas, GLP importado) y encarece el transporte de mercancías, tensionando la inflación y obligando a las autoridades a valorar medidas temporales de estabilización, como mecanismos de bandas o fondos compensatorios. En el mediano plazo, un petróleo caro y volátil encarece la factura de importación energética y reduce el espacio fiscal para subsidiar combustibles en un contexto donde la consolidación fiscal es prioritaria.
En términos de seguridad económica, la escalada refuerza la necesidad de una estrategia peruana de diversificación de fuentes y rutas de abastecimiento, potenciando acuerdos con proveedores de otras regiones (por ejemplo, Estados de América), explorando alianzas con países de la cuenca del Pacífico y promoviendo inversiones en energías renovables que reduzcan la exposición estructural al carbón, petróleo y gas importados. Asimismo, el conflicto impacta la arquitectura de seguridad marítima global: los ataques en el Golfo elevan el costo del transporte para todo el comercio que utiliza esas rutas, no solo para el petróleo, lo que puede afectar cadenas de suministro de insumos industriales críticos para la minería y la manufactura peruana.
