La ofensiva militar contra Irán reconfigura el mapa energético mundial y eleva la exposición de economías dependientes de combustibles fósiles, como el Perú, a un entorno de precios volátiles y tensiones geopolíticas crecientes.
Los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares y estratégicos en Irán, que incluyeron el asesinato del líder supremo y daños significativos a infraestructura defensiva y nuclear, han transformado el conflicto de Medio Oriente en un factor de riesgo global de primer orden. La respuesta iraní, con misiles y drones dirigidos contra bases estadounidenses, instalaciones energéticas en el Golfo y zonas urbanas estratégicas, ha tensionado el Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte crucial del petróleo y el gas del planeta.
Aunque el tránsito marítimo no se ha paralizado por completo, la posibilidad de un bloqueo parcial ha sido suficiente para elevar el precio del crudo por encima de los 80–85 dólares por barril y disparar las cotizaciones del gas natural, especialmente en Europa y Asia. La combinación entre infraestructura dañada en Qatar y Arabia Saudita, mayor riesgo sobre el transporte marítimo y una escalada militar sin horizonte claro de desescalada configura un escenario de shock energético de nueva generación, donde petróleo y gas se ven afectados simultáneamente.
Para países importadores netos de combustibles como el Perú, este contexto implica mayores costos de importación de diésel, GLP y otros derivados, con presión al alza sobre tarifas de transporte, electricidad y costos logísticos. Al mismo tiempo, precios más altos del petróleo suelen sostener o impulsar los precios de minerales como el cobre y el oro, lo que podría mejorar ingresos por exportaciones, pero con una volatilidad mayor y con la economía mundial bajo tensión. La política monetaria peruana, que ya navega entre la necesidad de apoyar la actividad y contener la inflación, deberá incorporar este nuevo frente de riesgo externo en sus decisiones.
