La deflagración en el ducto de líquidos de Camisea ha evidenciado la alta dependencia del Perú de un solo sistema gasífero y la vulnerabilidad del país ante shocks internos y externos de energía.
La reciente deflagración en el ducto de líquidos de gas natural de Camisea, en la selva del Cusco, ha reducido drásticamente el transporte de líquidos y cortado buena parte de la oferta de GLP que abastece al mercado interno. El sistema afectado movilizaba decenas de miles de barriles diarios de líquidos de gas natural hacia la planta de fraccionamiento de Pisco, donde se produce la mayor parte del GLP que llega a los hogares y al transporte.
El impacto es inmediato: racionamiento en plantas envasadoras, mayores tiempos de despacho para las cisternas y una reducción abrupta de la oferta efectiva de balones de gas. En un país donde más de ocho millones de hogares dependen del GLP para cocinar, y donde solo una fracción tiene acceso a gas natural por red, la combinación entre menor oferta y expectativas de escasez abre espacio para la especulación y alzas de precios. En la cadena comercial, el balón ya se ubica en rangos que tensionan el presupuesto de las familias, especialmente fuera de Lima.
La crisis interna se agrava por el contexto internacional: el petróleo caro y el gas más costoso incrementan el valor de las importaciones de combustibles que se requieren para suplir parte del déficit. En electricidad, la menor disponibilidad de gas obliga a activar centrales que operan con diésel, mucho más caro, encareciendo la generación y presionando los costos industriales. Todo ello confirma una lección estratégica para el país: diversificar la matriz energética, crear redundancias de infraestructura y construir reservas estratégicas ya no son debates técnicos, sino componentes esenciales de la seguridad nacional.
