La ofensiva contra Irán sin mandato explícito del Consejo de Seguridad y las represalias posteriores reabren el debate sobre la legalidad del uso de la fuerza y el futuro del orden internacional basado en normas.
La operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se ha ejecutado sin una autorización clara del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que ha generado fuertes debates en Europa y en amplios sectores de la comunidad internacional. Mientras Washington y Tel Aviv justifican sus acciones en la lógica de la “legítima defensa” y la neutralización preventiva de amenazas, numerosos gobiernos y expertos en derecho internacional cuestionan hasta qué punto la noción de “ataque inminente” puede extenderse para amparar operaciones de esta magnitud.
Las represalias iraníes, dirigidas contra bases estadounidenses y contra infraestructuras en países del Golfo, se presentan a su vez como actos de legítima defensa frente a una agresión previa. El resultado es un paisaje jurídico enrarecido, donde cada actor interpreta el derecho internacional en función de sus intereses estratégicos, debilitando la centralidad del Consejo de Seguridad y erosionando el régimen de seguridad colectiva construido tras la Segunda Guerra Mundial.
Para países como el Perú, que carecen de poder militar global y dependen de normas claras para proteger sus intereses comerciales y territoriales, esta deriva es preocupante. Si el uso de la fuerza se normaliza por fuera de los canales multilaterales, se reduce la capacidad de los Estados medianos para invocar principios como la solución pacífica de controversias, la integridad territorial y la libertad de navegación. En un mundo más fragmentado, la diplomacia económica peruana deberá reforzar su apuesta por el multilateralismo, al tiempo que diversifica alianzas y se prepara para gestionar un entorno más impredecible.
