La guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado el cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo, dejando atrapados más de 1.000 buques y obligando a los productores del Golfo a recortar producción por falta de capacidad de almacenamiento. Los precios del Brent llegaron a superar puntualmente los 110–120 dólares por barril antes de retroceder, pero siguen casi un 40% por encima de los niveles previos al conflicto, mientras la gasolina sube con rapidez en Estados Unidos y Europa. El impacto ha reavivado el riesgo de “estanflación”: menor crecimiento combinado con inflación más alta, especialmente en economías importadoras netas de energía. Las reservas estratégicas de la AIE suman alrededor de 1.2 mil millones de barriles en stocks públicos, más unos 600 millones en reservas obligatorias privadas, que proporcionarían unos 120 días de cobertura si el flujo del Golfo se viera interrumpido durante un periodo prolongado. Sin embargo, analistas advierten que liberar reservas sólo mitiga temporalmente el shock, porque lo crítico es restablecer la navegación segura en Ormuz, cuya clausura parcial ya ha obligado a desviar cargamentos y a usar oleoductos alternativos con capacidad limitada. El encarecimiento del diésel y el combustible de aviación está presionando costes logísticos globales, con aerolíneas, navieras y transportistas trasladando el aumento a los usuarios finales. En Estados Unidos, la gasolina promedia ya unos 3.50–3.60 dólares por galón y el Gobierno sopesa exenciones al Jones Act y nuevas liberaciones de la Reserva Estratégica de Petróleo para amortiguar la escalada. En Europa, ministros de Energía del G7 han discutido el uso coordinado de reservas, mientras Alemania y Austria ya han anunciado liberaciones parciales de sus inventarios. La tensión se amplifica por ataques iraníes con drones y misiles contra infraestructuras energéticas en el Golfo, incluyendo refinerías y radares de alerta temprana en Qatar, Arabia Saudita y otros aliados de Washington. La volatilidad de precios y la incertidumbre sobre la duración del conflicto han provocado fuertes oscilaciones en las bolsas, beneficiando a productores de hidrocarburos y castigando a sectores intensivos en energía.
El cierre de Ormuz reconfigura temporalmente el poder de mercado de los productores fuera del Golfo (EE. UU., Brasil, Canadá, incluso Venezuela si se relajan sanciones) y refuerza el carácter geoestratégico de las rutas marítimas energéticas. La respuesta coordinada del G7 mediante liberación de reservas muestra que el manejo del shock se está abordando como un problema de seguridad colectiva más que meramente de mercado. Sin embargo, el uso intensivo de reservas reduce el “colchón” disponible para crisis futuras y puede alimentar una prima de riesgo estructural en el precio del crudo si el conflicto se prolonga o se cronifica la amenaza sobre Ormuz. La guerra pone también de relieve la creciente interdependencia entre el teatro de Oriente Medio y otros frentes como Ucrania, con Rusia e Irán estrechando cooperación energética y militar.
Proyección para el Perú 🔎 Alta relevancia para el Perú
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Economía peruana: mayor factura de importación de combustibles presionará la balanza comercial y el déficit en cuenta corriente, especialmente si el shock se prolonga varios trimestres.
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Comercio exterior: los fletes marítimos y seguros podrían encarecer los envíos de cobre, harina de pescado y agroexportaciones, afectando competitividad de los exportadores peruanos.
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Precio de commodities: el petróleo caro tiende a sostener o incluso impulsar los precios de metales como el cobre y el oro, lo que podría compensar parcialmente el shock vía mayores ingresos por exportaciones mineras.
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Política monetaria: un repunte de la inflación importada por combustibles forzaría al BCRP a calibrar con cautela eventuales recortes de tasas, demorando la normalización monetaria.
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Inversión extranjera: la volatilidad global puede elevar el costo de financiamiento soberano y corporativo para el Perú, pero también redirigir flujos hacia proyectos minero-energéticos andinos percibidos como más seguros que Oriente Medio.
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Estabilidad financiera: un entorno de tasas altas por más tiempo a nivel global encarece el rolleo de deuda pública y privada, y puede presionar el tipo de cambio si se intensifica la aversión al riesgo.
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Política exterior económica: el Perú tendrá incentivos para profundizar acuerdos energéticos con socios como Brasil, Colombia y EE. UU., acelerar iniciativas de transición energética y posicionarse como proveedor confiable de minerales críticos (cobre, litio) necesarios para la descarbonización.









