La deflagración en el ducto
de gas y líquidos de Camisea en Megantoni (Cusco) ha interrumpido el suministro de gas natural hacia la costa central, desencadenando una emergencia energética interna. El Ejecutivo ha publicado un decreto que establece un orden de prioridad para la asignación de volúmenes: primero hogares y comercios regulados, luego GNV para transporte público, luego generadoras eléctricas, pequeñas industrias y finalmente grandes consumidores industriales y clientes libres. Osinergmin ha sido facultado para dictar medidas excepcionales que permitan utilizar combustibles alternativos (diésel, GLP) y flexibilizar temporalmente normas de comercialización y seguridad, garantizando la continuidad de servicios esenciales. Pluspetrol informa que la planta de Pisco cuenta con inventarios de GLP para unos 12 días, y que existen stocks adicionales en el Callao para unos 6 días, mientras se gestionan importaciones adicionales. El ministro de Energía y Minas señala que las reparaciones del ducto, en una zona de acceso difícil y clima adverso, podrían tomar hasta 14 días, y se ha creado un comité de crisis que coordina con FF.AA. para transporte aéreo de materiales.
La coincidencia de una emergencia en la infraestructura crítica de gas con un shock externo de precios energéticos resalta la exposición del Perú a riesgos compuestos: dependencia de un solo yacimiento y ducto, y alta participación del gas en generación eléctrica (cerca de 40–45%) y procesos industriales clave. Desde la perspectiva de seguridad energética, el país requiere una estrategia de redundancia (regasificación en costa norte/sur, interconexiones eléctricas robustas, almacenamiento) y diversificación (renovables, eficiencia), en línea con prácticas de otros importadores netos de combustibles.
Proyección para el Perú:
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Economía peruana: el paso de generación a gas a centrales de “reserva fría” a diésel encarece el costo marginal de la electricidad, lo que afecta a usuarios libres industriales y puede traducirse en mayores costos de producción, especialmente en alimentos, bebidas y manufactura mediana.
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Comercio exterior: el alza de costos energéticos internos reduce márgenes de exportadores industriales y de algunos segmentos agroindustriales, aunque el sector minero tiene más holgura para absorber shocks de costos.
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Precio de commodities: el diésel y GLP importados son más caros precisamente en un contexto de precios globales al alza; la combinación de shock externo e interno tensiona precios domésticos de combustibles y tarifas futuras.
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Política monetaria: el BCRP deberá aislar el componente transitorio del shock (14 días vs. escenarios prolongados) para evitar sobrerreaccionar, pero al mismo tiempo considerar que la percepción de riesgo energético puede influir en expectativas.
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Inversión extranjera: la crisis puede generar dudas sobre la confiabilidad de la infraestructura energética, pero también abre espacio para proyectos de inversión en refuerzo de redes de transporte de gas, plantas de GNL, y renovables si se brinda un marco regulatorio estable y predecible.
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Política exterior económica: el Perú tiene argumentos para buscar cooperación técnica y financiera en bancos multilaterales (BID, CAF, BM) y agencias de cooperación para desarrollar infraestructura energética resiliente y tecnologías limpias.
