La ofensiva contra Irán ha vuelto a mostrar las limitaciones de Europa como actor estratégico autónomo frente a Estados Unidos. Mientras Washington y Jerusalén ejecutan miles de ataques contra objetivos iraníes y se enfrentan a una lluvia de drones y misiles en toda la región, los principales gobiernos europeos han optado por una postura ambigua: por un lado condenan los ataques de Teherán y reconocen el derecho de sus aliados del Golfo a defenderse, pero por otro evitan implicarse directamente en las operaciones ofensivas y se concentran en un discurso centrado en la “desescalada” y el retorno a la diplomacia. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha señalado que su país no participará en acciones ofensivas contra Irán y que el papel del Reino Unido se limitará a misiones defensivas y de protección de sus propias bases y ciudadanos en la región.
En Francia, Emmanuel Macron ha construido un discurso similar: ha ordenado el despliegue del portaaviones Charles de Gaulle y de unidades navales con capacidades antimisiles en el Mediterráneo oriental y en torno a Chipre, pero insiste en que su objetivo es contener la expansión del conflicto y garantizar la seguridad de sus fuerzas, no sumarse a una política de cambio de régimen en Teherán. Al mismo tiempo, París, Londres y Berlín han difundido comunicados conjuntos en los que condenan los ataques iraníes contra países del Golfo y señalan que, en el marco del derecho a la defensa colectiva, podrán ser necesarias acciones para neutralizar la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones. Esta formulación jurídica, cuidadosamente medida, les permite mantener un margen político: respaldar, en teoría, operaciones defensivas puntuales sin asumir un compromiso abierto con la estrategia más agresiva de Estados Unidos e Israel.
Esta prudencia europea responde tanto a cálculos internos como a la memoria reciente de intervenciones controvertidas, como la guerra de Irak en 2003 o la prolongada campaña en Afganistán. La opinión pública en muchos países del continente es escéptica respecto a nuevas aventuras militares en Oriente Medio, especialmente en un contexto de incertidumbre económica agravado ahora por la subida de los precios de la energía causada por la crisis en el Golfo. Aunque algunos analistas consideran que esta postura refuerza la percepción de debilidad y dependencia estratégica frente a Washington, los gobiernos europeos parecen dispuestos a asumir el coste reputacional con tal de evitar una implicación directa en un conflicto que podría desbordarse y tener repercusiones imprevisibles en sus propias sociedades.
